El tercer sector de Acción Social está integrado por aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que, sin perder su función de denuncia, reivindicación y sensibilización, son prestadoras de servicios sociales, educativos, de vivienda, de salud ettre otras, en colaboración con la Administración pública, pero sin que ésta pierda, ni delegue su responsabilidad sobre la provisión, al conjunto de la ciudadanía, de estos servicios. Hablamos de entidades como Proyecto Hombre, Cáritas Diocesana, Fundación Cepaim, Colectivo Paréntesis, Cruz Roja, Fundación Sierra Minera, Hermanas Oblatas del SMº Redentor, Fundación Secretariado Gitano… y muchas, muchas, más.
No es posible el crecimiento sin cohesión social. Desde este punto de vista, el trabajo que el llamado tercer sector de acción social y la economía social en general desarrollan en la Región es esencial.
Por ello, la apuesta por su refuerzo y estabilidad debería ser una de las prioridades en la agenda política del Gobierno de nuestra Región y, más aún en el actual escenario de crisis económica en el que se reduce el presupuesto, pero aumentan y de qué manera, las necesidades sociales de los sectores de población más vulnerables.
Cada euro que dediquemos a financiar los servicios públicos gestionados por el tercer sector de acción social, no será un gasto sino una de las mejores inversiones colectivas que podemos hacer, no en beneficio de unos pocos, sino en beneficio colectivo.
El propio mercado, desde los principios de responsabilidad social empresarial, debería invertir, conjuntamente con la Administración pública en las políticas de cohesión e inclusión social.
Se hace verdaderamente difícil comprender, que con el papel esencial que el tercer sector de acción social está jugando en la Región, tenga tan escasa representación en los espacios de interlocución y diálogo social y civil con la Administración regional.
Es urgente dotar al tercer sector de acción social en la Región de un marco que lo regule, que se reconozcan sus funciones de interés social, al tiempo que se le dote de la representatividad e interlocución que merece.
Igualmente, desde estos espacios de interlocución debería acordarse un nuevo modelo de financiación de las políticas sociales que gestionan, que garantice la disponibilidad anticipada de los recursos, la plurianualidad de los mismos, la suficiente dotación económica, la calidad en los servicios que se prestan, la transparencia en la gestión y la evaluación del impacto social que producen sus actuaciones en beneficio del conjunto de la ciudadanía.
